La investigación recopiló los testimonios de 272 beneficiarios del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) de Antofagasta y Santiago, así como representantes de organizaciones migrantes, expertos(as) de organizaciones no gubernamentales, sector privado, representantes del gobierno central y municipios, con el objetivo de comprender a cabalidad las barreras y problemáticas particulares que enfrentan las diferentes comunidades.

Foto Fundación Techo

De acuerdo con la encuesta Casen 2017, mientras el 78% de la población migrante del país arrienda la propiedad en que vive, el 35% lo hace sin contrato y pagando casi 20% más de valor de arriendo promedio que la población no migrante. Mientras que el 25% vive en condiciones de hacinamiento.

“Esta realidad tiene causas y efectos múltiples, matizados a su vez por las particularidades de los diferentes conglomerados migrantes: desde exponer a condiciones de arrendamiento abusivas promovidas por la situación migratoria irregular, consecuencia de los burocráticos procesos de regularización migratoria, sumado a la presión por reducir al máximo sus costos de vida con el fin de aumentar los ahorros enviados a sus familias, lo que los lleva a sacrificar las propias condiciones de habitabilidad”, destacan en el documento.

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Conoce algunos de los principales hallazgos de la investigación:

Existe un vacío institucional en atención a la Vulnerabilidad Habitacional Temprana, derivado de (a) un vacío de roles entre los actores públicos responsables (ministerios, municipios, etc.); (b) inexistencia de alternativas habitacionales institucionales acorde a las necesidades migrantes, principalmente respecto al tiempo de permanencia en la primera vivienda (20% menor a un mes y 60% menor a seis meses), tipo de familia y limitaciones presupuestarias; y (c) debilidad de los canales de información, siendo actualmente las redes personales la principal forma de acceso a vivienda e información.

La oferta habitacional accesible para las personas migrantes – tanto a través del mercado formal como informal – presenta una serie de deficiencias, relacionadas con las precarias condiciones de tenencia (alta tasa de allegamiento y arriendo de piezas), el bajo estándar de habitabilidad (hacinamiento y mala calidad constructiva), dificultad de fiscalización municipal y múltiples barreras de acceso al mercado habitacional formal (administrativas, económicas y sociales).

La Política Habitacional no se presenta hoy como una alternativa de solución real para la atención a la Vulnerabilidad Habitacional Temprana, dado que presenta barreras temporales (plazos), administrativas (requisitos), de desconocimiento y dependencia del mercado habitacional formal, que se constituyen en limitaciones insalvables tal como están formulados sus instrumentos vigentes.

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