El Centro Iberoamericano de Derechos del Niño (CIDENI) realizó una conferencia internacional junto a académicos expertos en determinación de las sanciones para jóvenes infractores.

Durante meses, CIDENI trabajó con académicos de México, Costa Rica, Perú, España y Brasil, para conocer la situación de estos países, con relación a cómo se determinan las sanciones a jóvenes que han cometido un delito, cuáles son sus criterios y estándares asociados.

Estas experiencias fueron presentadas en una conferencia internacional que contó con la participación de los especialistas de estos cinco países, representantes de distintas entidades públicas vinculadas con el sistema penal chileno y los principales investigadores de CIDENI, Jaime Couso y Miguel Cillero.

“La pregunta es si el sistema es capaz junto con condenar a quienes infringen la ley, de integrar en la sociedad a personas que tienen 15, 16 o 17 años y no simplemente olvidarlos en las cárceles. En CIDENI trabajamos para generar conocimiento y prácticas que sirvan justamente para mejorar las políticas, legislaciones o programas dirigidos a los niños y niñas, en especial los más pobres de nuestros países”, comenta Miguel Cillero, Presidente de CIDENI.

“Tratamos de ser súper estratégicos en la invitación, no queríamos que esto fuera una instancia hiper académica, sino que también tuviera incidencia, que es lo que busca CIDENI, llegar a las políticas públicas y a la legislación”, destaca Ester Valenzuela, Directora Ejecutiva del centro.

Esta conferencia y alianza tiene por objetivo generar las bases para construir una regulación modelo en Iberoamérica en materia penal adolescente, que sea una bajada de la Convención de Derechos del Niño. “La Convención es tremendamente virtuosa. El próximo año se cumplen 30 años de su creación, sin embargo, en materia de responsabilidad penal juvenil, presenta debilidades. Falta mayor explicitación y profundidad”, explica Ester.

Aunque es uno de los tratados más ratificados, aún existen grandes diferencias en materia de determinación de sanciones a adolescentes que han infringido la ley entre los países. Por ejemplo, en Chile, nuestra legislación considera un límite máximo de 5 años de internación para infractores menores de 16 años, y de 10 años para adolescentes entre los 16 y 18 años, mientras que Brasil establece un máximo de tres años aplicables a adolescentes entre 12 y 18 años; México contempla una duración máxima de internación de 3 años para adolescentes entre 14 y 15 años y de 5 años para aquellos entre 16 y 18 años.

El documento final, que será puesto a disposición de jueces y operadores de justicia, está previsto para mediados del próximo año.