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Grupo de organizaciones sociales proponen cinco reformas a proyecto de ley de migración

9 de Abril, 2019
Comunicaciones Fundación Colunga

A un año de la presentación de la nueva política migratoria del Gobierno, un grupo de 18 organizaciones sociales, encabezadas por el Servicio Jesuita A Migrantes (SJM) y Fundación Pro Bono expusieron un conjunto de cinco medidas a incorporar en el proyecto de ley que se tramita en la Comisión de Gobierno Interior del Senado y que consideran prioritarias para avanzar hacia una migración ordenada, segura y regular; con un enfoque de derechos.

En su propuesta las organizaciones enfatizan la necesidad de incorporar en la ley una visa que facilite la inclusión sociolaboral de personas migrantes y esté acorde a la realidad migratoria. Para ello proponen establecer un permiso de permanencia transitoria para búsqueda de oportunidades laborales, a solicitarse en frontera, que luego permita el cambio de categoría dentro del país. Asimismo, sugieren que si una persona se encuentra en situación irregular por dos años y cuenta con vínculo laboral o solvencia económica, puedan acceder a una categoría de residencia temporal por motivos extraordinarios.

“Estas medidas las proponemos en base a un trabajo de 18 años en el SJM y tomando en cuenta la evidencia internacional, esto para evitar caer en un proceso de regularización cada 10 años sino agilizar los procesos administrativos que permitan una mejor inclusión” indicó José Tomás Vicuña, Director Nacional del SJM.  

En esa línea, las organizaciones plantean la reincorporación del artículo que consagra el principio de no devolución recalcando que éste se encuentra estipulado en diversos tratados internacionales ratificados por Chile, como es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Otro punto crítico que relevaron como garantías del debido proceso y acceso a la justicia, es que las personas migrantes con órdenes de expulsión puedan reclamar por vía administrativa, lo cual se prohíbe en el proyecto actual, y además solicitan que se establezca un recurso judicial ante la Corte de Apelaciones con posibilidades de apelar a la Corte Suprema para alegar en contra de esta sanción.   

“Hay que legislar en forma eficaz y eficiente, pero reconocer a las personas como sujetos de derecho. Esto permitirá dejar menos espacio para la toma de decisiones en forma arbitraria”, indicó Carolina Contreras, directora ejecutiva de Fundación Pro Bono. “El debido proceso debe ser garantizado para todas las personas, incluidas quienes tienen una orden de expulsión vigente. Tienen que poder alegar ante la administración por una sanción de esta connotación y acudir en forma especial a tribunales ante una sanción tan radical como ésta”.

En el ámbito de seguridad social, las organizaciones llamaron a eliminar el requisito de 2 años de residencia para acceder a beneficios de transferencias monetarias desde el Estado, debiendo determinarse individualmente en cada programa particular dicha exigencia en caso de estar justificada. En su propuesta indican que al igual que los chilenos los migrantes en el país están cotizando y pagando impuestos, aportando cerca de 386 mil millones de pesos anuales por concepto de impuestos, trámites en extranjería y pago de multas (año 2017) mientras que el costo de los programas de transferencias monetarias directas se estima en 17.744 millones anuales (año 2018).

“Hay muchos programas que ya cuentan con requisitos y proponemos revisarlos y determinar en cuáles es atingente entregar el beneficio y en cuáles no. Son 35 programas, de los cuales 7 ya contienen requisitos a los que no se puede acceder, 12 en los que sería injusto o discriminatorio impedir el beneficio y 16 que podrían estar sujetos a una evaluación”, indicó José Tomás Vicuña de SJM.

En materia laboral, la propuesta de las organizaciones se centra en la generación de un permiso de trabajo provisorio, de vigencia limitada en el tiempo, que se otorgue inmediatamente al entregar los antecedentes necesarios para solicitar una residencia temporal que habilite para trabajar. Asimismo, aumentar a 50% el límite de trabajadores extranjeros en empresas con más de 25 trabajadores y permitir expresamente el cambio de categoría migratoria y el acceso a la residencia definitiva de los trabajadores de temporada, e incorporar normas que resguarden sus derechos laborales.

Las organizaciones que adhirieron a la propuesta y que abogan por una política migratoria responsable, de largo plazo y atingente a la realidad migratoria del país, son América Solidaria, Hogar de Cristo, INCAMI, Servicio Evangélico Migrante, Espacio Público, Fundación Colunga, Fusupo, Fasic, Centro Fernando Vives U. Alberto Hurtado, PRIEM U. Alberto Hurtado, Centro de DD.HH. U. Diego Portales, Centro de Estudios Migratorios USACH y Mesas Temáticas del Senado.

Fuente: Fundación Pro Bono 

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