Hoy se cumplen 30 años desde que Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, a través de un acuerdo parlamentario al que concurrieron todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional. Hasta ahora, 195 Estados la han ratificado y constituye el marco global de referencia para el desarrollo de las personas hasta los 18 años.
El Estado de Chile se comprometió a promover y asegurar la vida y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, garantizando el ejercicio y satisfacción de sus derechos. Para lograrlo se obligó a adoptar políticas y leyes, destinar presupuesto y tomar las medidas necesarias para cumplir estos objetivos, en el marco del respeto y apoyo al cumplimiento de las responsabilidades de los padres, madres o personas que los tengan a su cuidado.
Desde entonces, muchos cambios han ocurrido, la sociedad ha comprendido que niñas y niños son personas en desarrollo, portadoras de derechos que irán ejerciendo progresivamente según la evolución de sus facultades. En estos 30 años se eliminaron discriminaciones injustificadas, como la diferencia entre hijos legítimos e ilegítimos, y se ha avanzado en asegurar el derecho a la educación, a la salud, a tener y vivir en una familia, a ser representados en un tribunal, entre otras tantas materias.
Sin embargo, quienes trabajamos hace décadas en temas de niñez y adolescencia sabemos que son un grupo de riesgo permanente. Lo eran en 1990, cuando el país tenía un ingreso per cápita de US$ 4.522; lo eran en 2018, con un ingreso de US$ 25.000, y lo son hoy, cuando vemos que a pesar del aumento de ingresos, un 65% está expuesto permanentemente a violencia en las comunas que habitan, el 46% ha sido víctima de un ataque físico, y un 34% ha sido víctima de violencia por parte de sus padres, madres o cuidadores. A 200 mil les toca trabajar y para 250 mil no hay red pública de agua potable disponible en sus pueblos o barrios. En 2017, medio millón de niños, niñas y adolescentes vivían en pobreza y un millón en pobreza multidimensional (Casen 2017).
Es urgente mejorar las políticas y aprobar las leyes de protección a la niñez, que llevan tantos años de debate parlamentario.
Una de las problemáticas centrales para los niños y niñas son la pobreza y la vulnerabilidad, pues los priva de recursos materiales, sociales, culturales y emocionales necesarios para sobrevivir, desarrollarse y prosperar. La pobreza impide que ejerzan sus derechos, alcancen su potencial o participen como miembros plenos y en pie de igualdad en la sociedad.
Lo anterior se profundiza en pandemia, y en lo que vendrá después. No solo han vivido con miedo al contagio de ellos y sus seres queridos, han estado lejos de sus escuelas, colegios y liceos, les ha sido imposible jugar y relacionarse con otros niños y niñas directamente… Según estimaciones de organismos internaciones, miles abandonarán sus estudios, se profundizarán las brechas educacionales, aumentará el trabajo infantil y el trabajo doméstico de las niñas. Miembros de sus familias perderán el empleo, habrá mayor pobreza y hacinamiento, entre tantos otros efectos.
¿Qué haremos frente a este escenario? El Estado y las autoridades tienen responsabilidades que cumplir, pero también es cierto que si queremos vivir en un país que cuida y promueve los derechos de niños y niñas, entonces el desafío de superar la pobreza infantil es una tarea común. El país necesita de propuestas colaborativas, políticas públicas integradas y de gran alcance, para que cientos de miles de niños, niñas y adolescentes desarrollen su potencial, cumplan sus sueños y se sientan parte de una sociedad que los cuida y promueve.
Es por esto que el Centro Iberoamericano de Derechos del Niño (CIDENI), Fundación Colunga, Hogar de Cristo, Núcleo Milenio para el Estudio del Curso de Vida y la Vulnerabilidad (MLIV) de la UC, y Unicef, están trabajando en el proyecto Nacer y Crecer en Pobreza, recogiendo la experiencia de las niñas, niños y adolescentes, analizando la evidencia nacional e internacional sobre sus impactos y sistematizando críticamente diferentes políticas implementadas. Los firmantes hacemos un llamado a que la “distancia física” que ha sido indispensable en estos meses para cuidarnos no se instale como una “distancia social” que nos lleve a ignorar las enormes brechas entre niños, niñas y adolescentes en Chile.

Esperanza Cueto
Fundación Colunga

Paolo Mefalopulo
Unicef

Paulo Egenau
Hogar de Cristo

Miguel Cillero
CIDENI

Eduardo Undurraga
Núcleo Milenio MLIV, Universidad Católica