El video de dos niños portando cuchillos para defender el puesto de su madre en el comercio ambulante, pone en evidencia nuevamente la crisis que se ha agravado por la precariedad acentuada tras la pandemia, siendo la niñez la más afectada por estas condiciones. Es indispensable que la discusión se enfoque en la violencia psicosocial, familiar y comunitaria en la que están creciendo, y que está provocando que validen como defensa de lo que es suyo, actitudes que puedan atentar contra la vida.
A pesar de que la Convención sobre los Derechos de la Niñez (UNICEF) y la nueva Ley 21.430 Sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia especifican que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho, aún no podemos avanzar en asegurar entornos que les entreguen las bases de una calidad de vida que merecen por derecho.
Y si no actuamos frente a los efectos que ellas y ellos reciben de la crisis, solo estamos asegurando que éstas se proyecten por muchos años más. La violencia contra la niñez sigue arraigada en nuestra matriz cultural, lo que asegura que se siga perpetuando.
Carabineros publicó que desde principios de año, 50.223 niñas, niños y adolescentes que llegan a las comisarías por situaciones de violencia o negligencia. Esta es la punta del iceberg, ya que son miles los casos que ni siquiera llegan a ser registrados.
Esto no debe sorprendernos, pues tal como muestra un estudio de UNICEF, en nuestro país un 47% de los padres o madres consideran al menos una práctica violenta como método efectivo de educación. El mismo estudio nos muestra que la violencia se mantiene a través de las generaciones si no se rompe el círculo, ya que 61,5% de las y los cuidadores encuestados que consideran efectivas las prácticas violentas en la crianza, recibieron castigos durante su infancia.
En educación la situación no mejora: las estadísticas de la Superintendencia de Educación muestran que la cantidad de denuncias por maltrato físico y psicológico entre estudiantes aumentaron en un 60% en 2022 (1.890) respecto de 2019 (1.116). Y así sucesivamente.
Debemos tomar los datos para incursionar en varias reflexiones. Pero no podemos seguir esperando que la realidad y la evidencia nos revienten la cara. Terminar con el ambiente de violencia generalizada es el primer paso para terminar con este círculo vicioso.
Se han ejecutado múltiples reformas a favor de la niñez. Se están discutiendo planes remediales en el ámbito de la educación, sí, pero necesitamos ahondar en temas igual de urgentes: violencia, salud mental, segregación urbana y la inducción a la delincuencia requieren de soluciones públicas que impidan que las consecuencias se propaguen de forma permanente en sus vidas. Si no somos como sociedad capaces de desplegar un conjunto de medidas de urgencia contra la violencia y la vulneración bien articuladas, adecuadamente financiadas y que sean prioridad para todos los agentes públicos y privados, esta crisis que los datos muestran se convertirá en elemento permanente de nuestro paisaje.
Arturo Celedón, Director Fundación Colunga