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Artículo El Mercurio | Informe UDP: es clave “establecer estándares” para residencias y programas que atienden a niños

21 de Noviembre, 2018
Comunicaciones Fundación Colunga

Andrea Chaparro
El Mercurio

Rescatamos este interesante artículo de El Mercurio, a propósito del Día Universal de los Niños: 

La abogada Ester Valenzuela ejemplifica: “Cuando se construyen carreteras o metros nadie dice tenemos $400 millones, sino que todo el mundo mira estándares técnicos para no poner en riesgo a personas” y con la infancia debiera hacerse lo mismo, porque “se ha visto que corre riesgo la vida”. 

Cada año la Universidad Diego Portales realiza un informe de Derechos Humanos, dividido en capítulos. Uno de ellos, analiza los principales hechos ocurridos entre julio 2017 y julio de 2018 en materia de derechos de los niños y adolescentes. Incluye la revisión de sentencias, proyectos de ley, indicaciones, oficios, reglamentos, políticas públicas y otros hechos de connotación social, que han dado lugar a reacciones desde los distintos poderes del Estado, como es el caso del Acuerdo Nacional de la Infancia.

El Presidente Sebastián Piñera puso en su discurso la expresión “los niños primero” para transmitir la priorización que daría a la infancia en su administración y esta semana la discusión legislativa estuvo centrada en la eliminación que realizó la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados al financiamiento de una ley corta -impulsada por el Gobierno- que buscaba aumentar el aporte fiscal a los organismos colaboradores de Sename.

Los investigadores de la casa de estudios, las profesoras Ester Valenzuela y Macarena Arismendi, abordan estas y otras materias, aunque respecto de subvenciones -aclaran- el capítulo se cerró antes del reciente traspié en el Congreso de la iniciativa relacionada con las residencias privadas.

Declaración de intenciones

Entre las conclusiones a las que arriba el informe UDP se encuentra una reflexión que vincula el discurso político con las mejoras que en concreto pueden verse en las condiciones de vida de los menores de edad al cuidado del Estado.

Y, sobre ello, advierte el reporte: “Es cuestionable la afirmación de que los niños, niñas y adolescentes están primero, ya que pese a las numerosas iniciativas legislativas, planes y políticas públicas dirigidas a ellos, hasta ahora, no es posible afirmar que se han mejorado o subsanado las vulneraciones en temas de infancia en Chile”.

-¿Hablamos de avanzar hacia una administración directa total o solo de endurecer la supervisión de los privados?

-Eso es más bien de ideología política. Hay un sector del país que dice que todo debe estar administrado por el Estado y otro que siente que la gran mayoría debiese estar en manos de privados. Yo personalmente -dice Valenzuela- creo en un sistema mixto, que es lo que muestra también la experiencia internacional, con un Estado que va a ser garante de supervisar adecuadamente. Esa supervisión sí o sí tiene que ser del Estado, no puede quedar en manos de privados sin esa supervisión.

El problema de la ley corta

El capítulo critica también que la actividad desplegada por la autoridad en distintos ámbitos vinculados con la infancia “mientras se insiste con aumentar las subvenciones, la experiencia internacional señala que se requiere establecer estándares de funcionamiento de las residencias y programas que atienden a niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos, todo bajo una fuerte supervisión del Estado”.

La académica afirma que en el caso de un aumento de subvenciones es clave garantizar que los destinatarios de esos fondos serán los niños y pone un ejemplo con el 80 bis, que es el artículo que permite a los tribunales ordenar un sobrecupo para recibir a un niño en un centro.

Explica que “el Estado debe pagar el exceso de niños y eso no está pagado, hay una deuda súper importante al respecto, y ahí las organizaciones colaboradoras están haciendo magia para cubrir esos otros cupos. Ha pasado un tiempo excesivo y no les ha llegado la subvención para ello. Entonces al aumentar la subvención, eso con suerte va a ser para cubrir esa deuda que el Estado tiene”. Por eso, apunta, es importante que haya una supervisión real de en qué se gastarán esos fondos.

Según el informe, en la actualidad habría aproximadamente 2.307 menores de edad en residencias de administración directa y 9.673 en centros residenciales, respecto de los cuales el Estado debiese cubrir la totalidad de sus necesidades en conformidad a estándares fijados por la Convención Internacional de Derechos del Niño (CIDN) y los distintos tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, cuestión que no sucede.

Eliminar “óptica punitiva”

También aborda el informe UDP el caso de los adolescentes infractores. En relación con ellos, concluye que es “esencial tener presente que provienen de contextos de vulneración, de pobreza multisistémica, por lo mismo es preciso hacerse cargo desde una mirada que considere su situación desde el enfoque de derechos de infancia y adolescencia y no privilegiar la óptica punitiva, a través del endurecimiento de penas”.

Y, plantea el reporte, “falta incluir la perspectiva de género en la reflexión. Son muchas las problemáticas que implican una distinción entre niños y niñas”. Un ejemplo, comenta Valenzuela, es cuando los menores de edad son víctimas de delitos sexuales, dado que mayoritariamente las afectadas son niñas y adolescentes.

-¿Qué es lo clave, lo primero a abordar, en materia de infancia?

-Hay que empezar a hablar de estándares y siempre pongo como ejemplo el que cuando se construyen carreteras o metros nadie dice tenemos $400 millones para construir esto, sino que todo el mundo mira estándares técnicos para no poner en riesgo a personas que se van a subir a ese metro o que van a andar por esa carretera. En este tema de las residencias y de las políticas públicas de infancia también se ha visto que corre riesgo la vida, entonces no entiendo por qué este país no ha empezado a hablar de estándares.

Además, dice, “hablamos de nueve mil, que como mucho podrá variar a 11 mil, y eso significa que no hemos sido capaces de hacernos cargo de un número acotado de niños”.

Poca voluntad: “En la práctica no ha existido una real priorización al momento de restablecer sus derechos (…) No refleja una real voluntad política por dar una solución definitiva” – Extracto del informe de Derechos Humanos de la UDP. 

Perspectiva de género: “Falta incluir la perspectiva de género en la reflexión y análisis de los derechos de la niñez. Son muchas problemáticas que implican una distinción entre niños y niñas” – Extracto del informe de Derechos Humanos de la UDP. 

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